Redacción ‘MS’- El Consejo de Ministros acordó, el pasado 30 de noviembre, extender el plazo de solicitud de la financiación avalada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), CESCE o CERSA (la financiación avalada), así como elevar los umbrales económicos relativos a la refinanciación de la misma, trasladando dichas modificaciones al Código de Buenas Prácticas para el marco de renegociación para clientes con financiación avalada.
De esta forma, las entidades que se adhirieron al Código de Buenas Prácticas dispondrán de un mes para comunicar a la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional su intención de no quedar vinculadas por las modificaciones introducidas y continuar guiándose por dicho Código en su versión original.
ADECOSE, en la prevención de posibles abusos en la distribución de seguros por parte de entidades financieras, incide en la necesidad de que las entidades financieras respeten el “Código de Buenas Prácticas”. Para la Asociación, una de las medidas de más valor e importancia establecidas en este código es que las entidades financieras no podrán condicionar la concesión de ninguna de las medidas contenidas en el mismo a la comercialización de otros productos.
Por ello, ADECOSE recuerda que estas medidas evitarían situaciones como la incoación de expedientes sancionadores a cuatro entidades por posibles prácticas anticompetitivas, que fue comunicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), poniendo de manifiesto que “la actuación de los bancos investigados se alejaría de la buena fe exigida a las empresas en sus relaciones con los clientes”.
Cabe destacar que ADECOSE continúa colaborando con la CNMC, tras haber sido requerida por la Comisión para investigar y aportar denuncias de posibles prácticas anticompetitivas relacionadas con la suscripción de productos aseguradores vinculados a los préstamos ICO-COVID por parte de algunas entidades financieras.
En este sentido, la Asociación estará vigilante para que las entidades financieras cumplan con las conductas que conforman este Código y estrechará el contacto con la Administración en general y con la CNMC en particular con el fin de evitar estas prácticas que pudieran ser catalogadas como anticompetitivas.
