Adriana Hibernón, abogada de ARAG, nos explica cuáles son los derechos de las personas mayores ante la banca.
¿Es cierto que hay cada vez menos oficinas bancarias en España?
Sí. En 2008, la cifra se situaba en más de 45.700 y el 2023 cerró con 17.985, un 39,35% menos. Más de la mitad de los municipios españoles, 4.443 según datos de junio del Banco de España, no tienen oficina bancaria.
¿A qué es debido y a quién perjudica más?
Esto es debido, principalmente, a la digitalización del sistema bancario y perjudica a un sector concreto de la población: las personas mayores, para las que el medio de pago principal sigue siendo el efectivo.
¿Cómo lo notáis en vuestro departamento de Asesoramiento Jurídico Telefónico?
Esta tendencia provoca inseguridad y dudas en las personas mayores, que no saben exactamente cómo proceder ante estos cambios. Atendemos este tipo de consultas con asiduidad. Lo que más preocupa a estos clientes es la deshumanización de la atención.
¿Cuál es el principal problema de la despersonalización de la banca?
Las entidades promueven que se utilice la aplicación del móvil o el cajero y para ser atendido en las oficinas hay que pedir antes cita previa. Eso requiere que las personas mayores tengan que depender de otros familiares para poder sacar dinero o para comprobar el estado de sus cuentas. Antes, les atendía una persona a la que conocían y en la que confiaban mientras que, ahora, cada vez les cuesta más ser atendidos en persona.
«Las entidades promueven que se utilice la aplicación del móvil o el cajero y para ser atendido en las oficinas hay que pedir antes cita previa».
¿Hay algún otro escollo que las personas mayores deben salvar?
Los bancos empiezan a cobrar importes cada vez más elevados de comisiones de mantenimiento, a veces con independencia de que tengan o no domiciliada la pensión, cuando con anterioridad no se les cobraba.
¿Y qué ocurre con los ahorros?
Cuando tienen ahorros y quieren sacarle una rentabilidad, en muchas ocasiones se les ofrecen productos de riesgo y de una complejidad que no todos logran entender. De hecho, a esto se suma el que muchos clientes hace unos años fueron engañados en la contratación de productos, tipo deuda subordinada o preferentes, y perdieron sus ahorros ya que eran productos de inversión y no los depósitos a plazo fijo que ellos conocían.
«Cuando tienen ahorros y quieren sacarle una rentabilidad, en muchas ocasiones se les ofrecen productos de riesgo y de una complejidad que no todos logran entender».
¿Cuáles son las principales dudas fiscales?
Las consecuencias en IRPF que pueden generar la recuperación de sus ahorros a través de los diferentes productos contratados con el banco. Los seniors se ven en la necesidad de rescatar sus planes de pensiones cuando cumplen determinada edad, así como cobrar sus seguros de vida o incluso contratar planes que comportan el cobro de rentas vitalicias. Todo esto implica una fiscalidad, en ocasiones algo compleja, que se aconseja tratar con un asesor fiscal para ver su impacto en la Declaración de la Renta.
«Los seniors se ven en la necesidad de rescatar sus planes de pensiones cuando cumplen determinada edad, así como cobrar sus seguros de vida o incluso contratar planes que comportan el cobro de rentas vitalicias».
¿Cuáles son las leyes que protegen a los seniors como consumidores bancarios?
Por ejemplo, las entidades bancarias no pueden establecer comisiones para la retirada de efectivo en ventanilla cuando se trate de personas mayores de 65 años. Además, se reconoce el derecho de las personas vulnerables a tener una cuenta bancaria gratuita en cualquier entidad sin comisiones, sin gastos de apertura y de cierre y con 120 operaciones al año.
Por último, a principios de este año, el Ministerio de Asuntos Económicos, el Banco de España y el sector de la banca firmaron un protocolo de atención a personas mayores y con discapacidad que contempla la ampliación de horarios de atención presencial o el trato preferente a los mayores en las sucursales entre sus medidas.
«A principios de este año, el Ministerio de Asuntos Económicos, el Banco de España y el sector de la banca firmaron un protocolo de atención a personas mayores y con discapacidad».