Redacción ‘MS’- El INSTITUTO SANTALUCÍA, órgano de reflexión y debate del GRUPO SANTALUCÍA, ha publicado las conclusiones de su último Foro de Expertos sobre la sostenibilidad de las pensiones, en las que se demanda mayor claridad por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para explicar las cuentas y alerta de un riesgo significativo de incumplimiento de las previsiones de ingresos por cotizaciones. Así lo explica a través de un reciente comunicado.
Su informe señala que estamos ante la mayor partida de los Presupuestos Generales del Estado para el 2022, ya que el gasto previsto de la Seguridad Social en pensiones asciende a 170.494 millones de euros, un incremento del 4,8% sobre 2021. Por ello, los expertos inciden en la necesidad de “explicar las cuentas con claridad” porque “una falta de transparencia no contribuye a mejorar la certidumbre sobre la sostenibilidad, ni a clarificar la situación real del déficit”. En concreto, subrayan que no desglosar los ingresos “de una forma accesible” y la falta de detalle en los gastos del sistema que se incluyen en el concepto de trasferencias del Estado, “resulta insuficiente en los presupuestos para apreciar hasta qué punto las nuevas transferencias responden a la culminación de la separación de fuentes”, una de las recomendaciones del Pacto de Toledo en 2020.
De hecho, indican que en la práctica “se trasladan al Estado algunos gastos del sistema que no cabe considerar impropios y otros difíciles de valorar por la ausencia de detalle. La suma de estas partidas se acerca a los 14.000 millones de euros que se añaden a los complementos de pensiones mínimas (7.075 millones) y pensiones no contributivas (2.772 millones)”.
Entre otras conclusiones, y de cara al futuro, el Foro de Expertos considera que el sistema de Seguridad Social debería evolucionar hacia un modelo de cuentas nocionales, donde se recogerían las aportaciones individuales de cada cotizante y los rendimientos ficticios que dichas aportaciones generarían a lo largo de la vida laboral. “Este sistema seguiría siendo de reparto, pero permitiría introducir mejoras muy relevantes, entre las que destacan, el incremento de la transparencia y la equidad”.
Los miembros del Foro, además de abordar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 en materia de Seguridad Social, han analizado la propuesta de sustitución del Factor de Sostenibilidad (FS) aprobado en 2013 por el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) y el Anteproyecto de Ley Reguladora de los Fondos de Pensiones de Promoción Pública, con el objetivo de reflexionar sobre aquellos aspectos que garantizan la sostenibilidad en el medio y largo plazo de las pensiones.
Nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), “un paso atrás en la equidad y contributividad”
En cuanto a la sustitución del Factor de Sostenibilidad por un Mecanismo de Equidad Intergeneracional, incluido en el Plan de Recuperación, Trasformación y Resiliencia enviado a la Unión Europea, el Foro de Expertos considera que “es un paso atrás en la equidad y contributividad del sistema de pensiones, yendo en la dirección equivocada”, porque traslada el problema al futuro “sin encauzarlo realmente”, ya que ni por recaudación, en torno a los 2.000 millones de euros anuales, ni por equidad, aporta una solución eficaz.
Además, señalan los autores que “la medida puede tener un carácter distorsionador con un posible aumento del paro estructural” al aumentar los impuestos sobre la creación de empleo, “disminuye la contributividad del sistema ya que se aumentan las cotizaciones, pero éstas no dan derecho a mayores pensiones” y finalmente, “nos aleja de las medidas de ajuste automático y simétrico que llevan adoptando desde hace años un creciente número de países”.
Fondos de Pensiones de promoción pública y de Planes de Pensiones simplificados
El último punto de reflexión para los miembros del Foro ha sido la potenciación de los Planes de Pensiones de empleo, valorado de forma positiva por los expertos como uno de “los tres grandes pilares de previsión (pensiones públicas, planes de empleo y planes individuales)” en los que se tiene que basar el futuro de la jubilación de los ciudadanos, “de acuerdo con las líneas de actuación que está marcando la Unión Europea”.
En este apartado, se puntualiza que esta potenciación no debe ser “a costa de la penalización de los Planes de Pensiones individuales (vid supra). Los dos tipos de planes persiguen el mismo fin, juegan un papel complementario y deberían recibir el mismo tratamiento fiscal y regulatorio, de acuerdo con el principio de neutralidad en el que venimos insistiendo desde hace tiempo (vid infra)”, según figura en las conclusiones.
Además, los autores recomiendan “potenciar la Previsión Social Complementaria para que llegue al mayor número de trabajadores posible” mediante el método de la “adscripción por defecto”. En este sentido, miran hacia el sistema británico, “caracterizado por su flexibilidad y una participación cuasi obligatoria”. En el anteproyecto, el Foro ve “positivo que se hayan tenido en cuenta las características del tejido empresarial español, con un porcentaje muy alto de PYMES y autónomos, por lo que las soluciones planteadas se tendrán que adecuar a ellos”.
El Foro de Expertos del INSTITUTO SANTALUCÍA está integrado por Guillermo de la Dehesa, José Ignacio Conde-Ruiz, Rafael Doménech, Ángel de la Fuente, José Antonio Herce y Mercedes Valcárcel, reconocidos profesionales de primer nivel en el ámbito de la economía y las pensiones tanto a nivel público como privado.
