Redacción ‘MS’- En la mañana de ayer, Inade, Instituto Atlántico del Seguro, en colaboración con Fundación Inade, celebró la última videoconferencia del grupo de trabajo “crisis COVID-19”, formado por distintas sociedades de corredurías de seguros y dos asociaciones de corredurías de seguros.
Tal y como indica la Fundación a través de un comunicado reciente, esta última reunión fue un poco diferente a las anteriores, ya que contó con un único invitado, Eloy Suárez Lamata, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados. La conversación giró en torno a la nueva normativa de distribución de seguros. Concretamente, los asistentes analizaron las 122 enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios al proyecto de Ley que transpone la IDD al ordenamiento jurídico español.
Eloy Suárez valoró muy positivamente el documento elaborado por Fundación Inade y la consultora Inade e informó de que, a pesar del esfuerzo que está realizando, si no hay un cambio de actitud por parte de la presidencia del Congreso de los Diputados, la ponencia no será elaborada hasta septiembre, lo que situaría a la aprobación definitiva del proyecto de Ley para el primer trimestre del 2021.
El presidente de la Comisión de Hacienda se interesó por las reflexiones del grupo de trabajo y conoció de primera mano algunas de las preocupaciones de los distribuidores de seguros que, hasta ahora, desconocía.
Enmiendas al articulado
Las 122 enmiendas que los grupos parlamentarios han presentado al articulado del proyecto de Ley por el que se transpone la directiva de distribución de seguros (IDD) se centra en los siguientes aspectos:
Agentes de seguros
Entre las enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios y que afectan a los agentes de seguros destaca la propuesta de permitir que una cooperativa o mutualidad pueda ejercer como agente de seguros y la de consentir que un agente de seguros exclusivo solicite directamente la cancelación de su inscripción al registro.
También la que solicita que, cuando se extinga un contrato de seguros, se pueda pasar la cartera del agente cesante a otro mediador y no exclusivamente a otro agente como dicta la norma actual y la que pretende que se permita que un agente de seguros exclusivo pueda pasar a agente de seguros vinculado sin autorización de la entidad aseguradora.
Por otra parte, se recoge la petición de exigir que todos los agentes de seguros dispongan de capacidad financiera y Responsabilidad Civil profesional, así como la de retornar al régimen de incompatibilidades que se exigían en la Ley 26/2006.
Operador de Banca Seguros
Las enmiendas que afectan a los operadores de Banca Seguros recogen, entre otras, la propuesta de definir la red de distribución de las entidades financieras prohibiéndoles su fragmentación y haciendo que solo esté disponible para un único operador. También se recoge la petición de prohibir a los operadores de banca seguros y sus entidades aseguradoras que utilicen los datos de clientes con contratos de seguros no distribuidos por ellos.
Corredores de Seguros
Entre las enmiendas que afectan a los corredores de seguros destacan aquellas que proponen: permitir que un corredor de seguros perciba de una entidad aseguradora comisiones por la distribución de productos de inversión basados en seguros; permitir que un corredor de seguros pueda ejercer a su vez como agencia de suscripción; flexibilizar las operaciones de negocios de la cartera de seguros y no exigir para ello el consentimiento del tomador; permitir que el pago que realiza un cliente a un corredor se entienda como realizado a la entidad aseguradora y suprimir la capacidad financiera.
Colaboradores externos
Sobre los colaboradores externos, las enmiendas de los grupos parlamentarios solicitan que éstos no puedan ser titulares de sitios web que realicen comparación de productos de seguros.
Formación
En materia de formación, se recoge la propuesta de insistir en que la formación continua es obligatoria para todos los recursos humanos del distribuidor y sus colaboradores, así como la de regular la emisión de diplomas e inscribirlos en un registro único nacional.
Otros
Entre las 122 enmiendas se encuentra la propuesta de adaptar la información que se entrega a los clientes con discapacidad. También la de permitir al distribuidor cesante entregar al adquiriente toda la documentación contractual, quedando exonerado de su conservación. Algunos de los grupos parlamentarios también pretenden prohibir operaciones de duración superior a un año cuando el seguro afiance operaciones de endeudamiento del tomador.
