Redacción ‘MS’- Javier Barberá, presidente del Consejo General, ha destacado el papel del mediador como pieza insustituible dentro del sector asegurador, a pesar de las amenazas normativas y de la permisividad con las malas prácticas a la hora de vincular productos financieros con pólizas de seguro. “La mediación continúa ostentando el primer puesto en la distribución de seguros en España y en la confianza de los clientes, sin embargo, aún hay quien cuestiona torpemente su papel y preparación”, ha señalado en el marco del Día Mundial del Seguro organizado por la Fundación INADE.
«Los mediadores cumplimos con las exigencias legales, nos actualizamos, estamos en pleno proceso de digitalización y tenemos clarísimo que la formación eleva la calidad de los profesionales. A pesar de ello, nuestra profesión no está exenta de nuevas amenazas, principalmente normativas que no apuntan en la dirección correcta”.
Javier Barberá, presidente del Consejo General.
Durante el acto que ha contado con la participación del Director General de Seguros, el presidente de los mediadores ha recordado que no se apoya a la medición cuando se consienten determinadas malas prácticas a la hora de vincular productos financieros con pólizas de seguro, vulnerando claramente la Ley, o la voraz avalancha regulatoria que, olvidando la realidad de un negocio básicamente de pequeñas y medianas empresas, impone cada día requisitos más difíciles de cumplir.
Barberá ha puesto de ejemplo el nuevo Real Decreto sobre formación, que rebaja el nivel de capacitación que se exige para entrar en la profesión hasta en un 40%, al mismo tiempo que demanda más protección a los derechos del cliente. Además, el presidente de los mediadores se ha mostrado en contra de que se abra la mano a la apertura descontrolada de supuestos centros de formación, “que se convertirán en auténticos chiringuitos donde los índices de aprobado rozarán, muy probablemente, la perfección”.
Javier Barberá también se ha referido a la amenaza permanente de normas para los mediadores señalando que “la avalancha no ha hecho más que empezar”. La última muestra es la intención de incluir a los mediadores en la normativa europea de ciberseguridad para el sector financiero, DORA, que impondría hasta 120 nuevas exigencias administrativas de control e información a corredores y agentes que mayoritariamente son pymes y microempresas.
