Por Javier Bosch, co-fundador y co-CEO de Cleverea
La compleja coyuntura socioeconómica que asola España ha dejado de ser una situación pasajera para convertirse en algo con lo que los ciudadanos ya deben lidiar permanentemente. Sin aparente fin a corto plazo, conceptos como inflación o recesión forman parte de su vocabulario habitual.
Una situación que impacta especialmente en el mercado de la vivienda y todos sus actores, en particular sobre aquellos que forman parte de él como arrendadores o arrendatarios y que son una elevada parte de la población. En este sentido, según la última encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 75% de los hogares tienen una vivienda en propiedad, el 18,1% de ellos vive de alquiler y el 6,1% disfruta de la cesión de un inmueble.
Son datos que demuestran el ascenso ininterrumpido que el alquiler ha sufrido en las últimas décadas pero que, en el contexto actual de subida de precios – el precio del alquiler se sitúa actualmente en 11,5 euros/m2, el máximo histórico en España desde que se tienen registros -, acarrean una doble problemática: por un lado, un aumento gradual de las dificultades económicas de los inquilinos cuyo ratio de solvencia es cada vez más limitado y, consecuentemente, un riesgo de impagos cada vez mayor para los propietarios.
Ante ello, una recién aprobada Ley de Vivienda plantea solucionar ambas con, entre otros, el establecimiento de topes de precios especialmente en áreas tensionadas. Pero la realidad es que, a pesar de la intención positiva, la cara B de la norma nos invita a pensar que esto acabará desencadenando en una reducción de la oferta por parte de los propietarios que impactará directamente en la disminución del parque de viviendas en alquiler actual y bloqueará la posibilidad de acceso a aquellos sectores con un menor nivel de renta.
«Según la última encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 75% de los hogares tienen una vivienda en propiedad, el 18,1% de ellos vive de alquiler y el 6,1% disfruta de la cesión de un inmueble».
No parece atinar tampoco en lo que a solucionar la inseguridad jurídica de los arrendadores se refiere. La regulación permitirá prorrogar los desalojos de inquilinos vulnerables hasta los dos años, aunque estos no paguen las cuotas y, más razonable o menos, la decisión ha provocado revuelo y preocupación en el sector inmobiliario.
En este contexto de incertidumbre creciente, diseñar una solución que ofreciera fiabilidad al propietario y flexibilidad al inquilino era algo inexorable que debía suceder más tarde o más temprano dentro del sector seguros. El seguro de impago del alquiler es ese servicio.
A pesar de comenzar su andadura en el mercado como un gran desconocido al que recibir con cautela, el crecimiento de propietarios que temen sufrir impagos en sus viviendas de alquiler, especialmente si hablamos de aquellos que canalizan sus ahorros a través de ellas, ha disparado su contratación convirtiéndolo en uno de los más demandados en el ramo del hogar.
No es para menos si atendemos a cifras como las del Estudio sobre Morosidad en Arrendamientos Urbanos de la Fundación Alquiler Seguro, que recoge que este tipo de impagos aumentaron un 5,2% entre junio de 2021 y junio de 2022, traduciéndose en una deuda de inquilinos a propietarios de 6.874 euros de media, casi un 8% más que el año anterior. La reacción la reflejaba el Observatorio Español del Seguro de Alquiler (OESA) algunos meses después: de todos los contratos de alquiler que se realizaron el año pasado, el 34 % incorporaron seguro de impago, aumentando 4 puntos con respecto al año anterior.
Pero el verdadero quebradero de cabeza de los propietarios españoles ya no reside exclusivamente en los impagos de las mensualidades o los suministros, sino que va más allá pasando también por el miedo a los destrozos que los inquilinos puedan causar en el hogar.
«Diseñar una solución que ofreciera fiabilidad al propietario y flexibilidad al inquilino era algo inexorable que debía suceder más tarde o más temprano dentro del sector seguros. El seguro de impago del alquiler es ese servicio».
Partiendo de la premisa incontestable de que los seguros deben adaptarse a los cambios sociales y las fluctuaciones del mercado, y convencidos de esa necesidad de lograr ofrecer un servicio 360 que permitiera a los arrendadores vivir tranquilos, en Cleverea fuimos pioneros en implantar las pólizas de seguro de impago del alquiler.
Sus beneficios, en línea con las demandas de los consumidores, incluyen no solo la garantía de cobro ante incumplimiento del contrato, sino que también cubren las coberturas relativas a trámites como reclamaciones, la puesta en marcha de un desahucio en el caso que sea necesario, las pérdidas de alquiler por incendio o la defensa.
Y es que si de algo fuimos conscientes en el momento de fundar nuestro proyecto, era de la importancia de otorgarles alternativas que fueran capaz de responder de forma veloz y hábil a sus peticiones.
Es ahí donde desde el principio hemos entendido que reside la verdad disrupción, y es así como ahora queremos seguir demostrándoselo a todos los agentes del mercado de la vivienda de España que, sin duda, en el escenario actual necesitan el soporte del sector seguros.
Como valor esencial en la sociedad que forma parte de la base del bienestar de los ciudadanos, poner nuestro granito de arena para ayudarles a afrontar el proceso actual de transformación global no es una elección.
«En Cleverea fuimos pioneros en implantar las pólizas de seguro de impago del alquiler».
