Albert Olcina, abogado de ARAG.
La violencia vicaria es un tipo de violencia de género que realiza una persona contra otra para causar dolor a una tercera.
«Normalmente se utiliza como instrumento para causar daño a una madre, pudiendo ir contra los padres o amigos, aunque lo más habitual es que el padre la ejerza sobre sus propios hijos».
Hablar mal de la madre o de su familia en presencia de los hijos, humillaciones e insultos en los momentos de encuentro, o la desatención de los menores son el inicio de la deshumanización de los hijos para convertirlos en instrumentos para causar dolor.
Se trata pues de un método para atentar contra la integridad emocional de la madre, provocando un dolor aún más terrible que una herida física. En estos casos, las lesiones son psicológicas y por tanto pueden derivar en alteraciones y daños permanentes.
Leyes y condenas contra la violencia vicaria
«El Estado ha evolucionado para garantizar, en la medida de lo posible, la integridad de los menores cuando estamos ante un maltratador».
Con la reforma del código penal de 2015, estos casos pueden obtener condenas de prisión permanente revisable. En 2017 se firmó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, donde se calificó la violencia vicaria o violencia “por interpósita persona” cómo el daño más extremo que puede ejercer el maltratador hacia una mujer. También se ha modificado la Ley de protección a la infancia, para poder atender las necesidades y garantizar la integridad de los menores.
Al causante de violencia vicaria se le va a enjuiciar dentro los Juzgados especializados en violencia de género, donde, como mínimo, se le va a imputar un delito de asesinato, más el delito de maltrato psicológico hacia la madre, con los agravantes que puedan concurrir.
Durante el régimen de visitas acordado y ratificado por un Juez es cuando se suelen producir estos sucesos, por lo que se puede prohibir a los maltratadores acceder a las visitas con los menores sin estricta vigilancia y en centros específicos. La responsabilidad del Estado podría ser reclamada en caso de haber concedido un régimen de visitas a alguien que, más tarde, ejerza violencia vicaria.
