El 55% de las empresas no aplica nunca intereses de demora, de acuerdo con el Estudio de Riesgo de Crédito que impulsan Crédito y Caución e Iberinform.
Redacción ‘MS’- El tiempo es el mayor enemigo de la eficacia en la recuperación de deudas. Sin embargo, solo el 11% de las empresas españolas inicia acciones de recobro al vencimiento de la factura, de acuerdo con el Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en España que impulsan Crédito y Caución e Iberinform. Se trata del porcentaje más bajo de la serie histórica, un indicativo de que las empresas están reaccionando a las tensiones de liquidez de sus clientes generadas por la pandemia retrasando el inicio de las acciones de recobro para no deteriorar la relación comercial.
El retraso en las acciones de recobro implica un deterioro en la efectividad de las acciones de recuperación. A pesar de ello, el estudio refleja una gran flexibilidad de los plazos de cobro, como parte de la relación comercial. El 33% de las empresas permite a sus clientes retrasos en pagos de más de 90 días antes de considerar un crédito moroso.
Cuando se inician las acciones de recobro, la inmensa mayoría de las empresas renuncia al cobro de intereses de demora. El 55% de las empresas no los aplica nunca y sólo el 7% es sistemático a la hora de ejercer su derecho. De hecho, según el Estudio elaborado por Crédito y Caución e Iberinform, de entre las empresas que aplican los intereses de demora, el 97%, el porcentaje más alto de la serie histórica, reclama por debajo de los que le corresponden legalmente.
El estudio aborda las metodologías de gestión del recobro utilizadas por las empresas y pone cifras a un hecho conocido entre los profesionales de la gestión del riesgo de crédito: el porcentaje de uso de recobro a través de personajes disfrazados para provocar la notoriedad social del moroso apenas alcanza el 1%, el mínimo de la serie histórica. El uso de proveedores que se limitan al recobro telefónico (4%) también es muy reducido. La efectividad de la externalización del recobro B2B se concentra en los despachos de abogados (30%) o los proveedores integrales (10%) que, como ocurre en el seguro de crédito, además de la fase amistosa, cubren la posible fase procesal.
